MÉXICO, D.F.(Agencias)

Manuel Camacho Solís propuso un acuerdo amplio para rescatar a Pemex, que se cancele la apertura a la iniciativa privada en áreas estratégicas y sacar a la empresa del Presupuesto Egresos para facilitar su operación.

Al participar en el Foro "Organización y administración de Petróleos Mexicanos", sugirió que el Senado convoque a la creación de una comisión independiente para que en el plazo de un año, después de las elecciones de 2009, presente una política energética integral y un plan nacional de energía.

"Una reforma seria no puede consistir en llevar agua al molino de los partidos y fondos adicionales a los presupuestos locales, ya que implica reconstruir el mando y la autoridad en el sector energético", dijo el colaborador de Andrés Manuel López Obrador.

En la sede del Senado, planteó el establecimiento de una comisión de planeación para evitar los dispendios en Petróleos Mexicanos (Pemex) y definir claramente la naturaleza estatal de la actividad petrolera.

En ese sentido, solicitó que al Congreso asumir una mayor responsabilidad en la aprobación del plan sectorial de energía, que sea la instancia que nombre a los miembros del Consejo de
Administración, y que la Cámara de Diputados asegure el cumplimiento de la nueva norma que se apruebe.

Además exigió terminar con "el dominio" del Ejecutivo federal y de la secretarías de Hacienda y de la Función Pública sobre la paraestatal, conforme a un calendario de transición. De lo contrario, opinó, cualquier política de autonomía de gestión fracasará.

También demandó que se apruebe una reforma donde el Ejecutivo rinda cuentas sobre el manejo de los excedentes petroleros de manera transparente, "de otra manera sería el propio Ejecutivo federal quien introduzca la desconfianza y vulneraría las iniciativas de reforma energética que envió al Congreso".

Ante legisladores federales e invitados, consideró que la propuesta presidencial en la materia aceleraría la debacle de Pemex, se abrirían las puertas a la privatización, y se seguiría con la
protección "de reputaciones dudosas y decisiones administrativas que implican un franco conflicto de intereses".